UN PASO POR LA IGUALDAD

Cuando Leire Pajín fue ascendida a Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, recibió multitud de críticas, desde todas las direcciones. La izquierda criticó que el PSOE se tomase poco en serio un ministerio tan importante para los derechos sociales como era ese y que asignar a esta joven como su responsable era como darlo por muerto. Pero las críticas más fuertes vinieron por parte de la derecha mediática e incluso de cargos públicos de derechas, que profirieron toda clase de insultos hacia el aspecto físico de Leire Pajín y su juventud. Yo siempre consideré positivo que le diesen el puesto a una persona joven, con ideas nuevas y progresistas, además vi positivo que le diesen ese cargo a Pajín porque es socióloga, y siempre se critica que los ministros no se hayan preparado en temas relacionados con su cargo. Desde luego una socióloga pega en el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad (lo de sanidad es lo de menos, porque dudo que Leire Pajín tenga que intervenir nunca en quirófano ni recetar nunca a nadie un tratamiento). Los estudios de Sociología son quizás los más adecuados para este Ministerio.

Ahora, al menos por mi parte, parece que no me equivoqué al pensar que Leire Pajín podía hacer cosas buenas como Ministra, ya que ha tomado una medida, quizás la primera medida más importante y relevante de su carrera política, que me parece todo un acierto y un avance hacia el progreso, una medida digna de un gobierno socialista (una de las poquísimas medidas realmente socialistas de este segundo gobierno de Zapatero). Hablo del anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. La iniciativa se basa en dar un paso adelante en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, regulando nuevas sanciones contra casos de discriminación y creando un organismo estatal, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuya función será investigar aquellos asuntos tras los que se escondan actos de discriminación en todas sus vertientes: sexual, racial, de género, de nacionalidad, de etnia, de enfermedad, de religión, etc.

Hay muchas personas que ven con recelo la habilitación de nuevos órganos administrativos, y lo veo lógico, sobre todo después de que el mismo PSOE que ha elaborado esta norma haya intentado sacar adelante mediante la Ley Sinde un órgano administrativo llamado Comisión de la Propiedad Intelectual que prometía convertirse en una especie de Policía del Pensamiento en Internet. Sin embargo no hay que caer en la teoría conspiranoide que difunden algunos medios de comunicación sobre que cuando el Gobierno socialista aumenta la Administración es porque quiere dar al Estado un poder absoluto y masónico sobre nuestras vidas. Yo creo que este órgano estatal cuya función es velar por la igualdad y luchar por deshacer las condiciones de desigualdad de algunas personas es completamente positivo para nuestro país.

Esta ley puede suponer una disminución de situaciones tan habituales como cuando a una mujer no le dan trabajo por su aspecto físico, o la despiden por estar embarazado, o la transformación de algunos colegios públicos en una especie de "guetos" para gitanos e hijos de inmigrantes (algo que, desagradablemente, podemos vr en algún colegio de Sevilla), o la explotación de inmigrantes en algunos puestos de trabajo. Y sinceramente, aplaudo a la Ministra Leire Pajín por presentarla e intentar sacarla adelante. Por lo que a mi respecta, está cerrando muchas bocas.

¿POR QUÉ SOY ANTI-PRIVATIZACIÓN?

La privatización de servicios públicos se basa en la utópica idea liberal de la competencia, es decir, que si cada uno mira por su propio interés se alcanza el benficio de todos. Eso estaría bien en una sociedad donde todos fuésemos realmente iguales, pero en una sociedad real, con gente más rica y gente más pobre, estas medidas privatizadoras sólo ahondan aún más en la diferencia entre unos y otros. Porque, evidentemente, hay una clara diferencia entre que un hombre de negocios poderoso o un banquero busque su propio interés libremente y que lo haga una persona de clase trabajadora. La diferencia éstá en los recursos que poseen unos y otros, por eso es importante que las medidas políticas intenten igualar lo máximo posible ambas condiciones de vida sobre todo en lo que respecta a derechos fundamentales como son la educación, los transportes, la vivienda o la sanidad; y para eso están los servicios públicos.

Lo primero y más importante es que todos nosotros somos usuarios y compradores de bienes y servicios, y aunque algunos sean vendedores de algún bien también son compradores de todos los demás. Es por eso que la búsqueda del bienestar económico en una sociedad privilegiada económicamente como la nuestra reside en la búsqueda de una mejor condición para los usuarios o compradores. Porque si tú liberalizas la educación, por poner un ejemplo drástico con el que todos estamos faliriazados, convirtiéndolo en el mercado de la educación, estás ayudando a incrementar aún más la diferencia entre quienes pueden costearse el producto y quienes no llegan al nivel económico que puedan exigir los vendedores. El producto a comprar es la educación de tus hijos. No es lo mismo eso que contemplar la educación como un servicio público al que tienen derecho a acceder por igual todas las personas.

En la teoría económica, la liberalización es positiva porque la competencia entre empresas para ofrecer un producto provoca la irremediable rebaja de precios del producto, que se hace accesible a la mayoría de ciudadanos que pueden coprarlo. Sin embargo, no olvidemos nunca que vivimos en un mundo real, con gente más poderosa que otra, y que esa gente poderosa puede tener los recursos para dominar el mercado. Es lo que ocurre con los monopolios y los oligopolios. La competencia perfecta por ofrecer un producto y que baja los precios apenas existe tal y como lo etablece la teoría económica. Por ejemplo, si vas a esquiar a Granada, en el pueblo vas a coger el telecabina que lleva a la estación de esquí y te das cuenta de que ese telecabina cuesta más de cuarenta euros al día por persona. No hay que ser un lumbreras para saber que lo que le cuesta a la empresa que gestiona ese telecabinas (no sé si es pública o privada, en este caso lo mismo da ya que estamos hablando ahora de la competencia) transportarte a la estación un día ni se acerca a cuarenta euros. Los beneficios que sacan son exhorbitados, y ¿por qué? Porque no hay otra emprea que pueda ofrecer un telecabinas, así que se puede permitir el lujo de marcarse abusos económicos como esos que, a largo plazo, ayudan a fortalecer el cliché de que los pobres no esquían, porque es un deporte de ricos.

Pongamos el ejemplo de Tussam, aquí en Sevilla. Yo soy cliente habitual de Tussam y me muevo diariamente en sus autobuses. Ante la crisis económica del ayuntamiento de Sevilla, ciertos mandamases presionaron mucho porque Tussam debía ser privatizada "para no suponer un gasto excesivo al ayuntamiento y que así los ciudadanos no se viesen afectados por su escaso poder económico". Lo primero es que el ayuntamiento de Sevilla tiene poder económico de sobra para mantener Tussam como transporte público, pero es evidente que ante los derroches de dinero estúpidos y los regalos y los favores necesitaban un chivo expiatorio para tener contentos a su críticos. ¿Qué pasa? Pues que se privatizó Tussam e inmediatamente se despidió a una cantidad brutal de personal, tanto conductores como limpiadores como técnicos; también se eliminaron algunas de las líneas, se redujo el número de autobuses, se redujo el servicio nocturno hasta la broma que es ahora y se dejó de mantener durante mucho tiempo las pantallas informativas. ¿Y por qué? Porque no eran productivas. ¿Y por qué no eran productivas? Porque no generan beneficios económicos pues no era su función generar beneficios económicos a la empresa sino ofrecer un servicio público. Por eso, ahora las líneas "no productivas" se han eliminado y se ha reducido el número de autobuses para que resulte más productivo,es decir, para que los de siempre ganen más pasta porque saben que nosotros vamos a seguir usando sus autobuses.

En los últimos años se han liberalizado en España una serie de mercados con el objetiv de aumentar la competencia y bajar los precios, pero en el mundo real los poderosos se benefician de la ausencia de regulación y así se han formado los monopolios de empresas como Campsa, Iberia, Telefónica o las compáñías eléctricas y de combustibles fósiles que pactan los precios entre sí. Y hoy esos servicios son en España más caros de lo que lo son en otros países "privilegiados" de la UE (como Internet, en España se paga de media un 20% más por internet que en los demás países de la UE). Dijeron que liberlizaban para bajar los precios y ha ocurrido justo lo contrario, como dijo el portavoz de Consumidores en Acción: "en todos los sectores donde un gobierno de España ha puesto la mano de la liberalización, al usuario se le ha perjudicado enormemente".

El discurso neoliberal ha fracasado. El mercado no se regula mejor cuanta menor sea la intervención de la autoridad del Estado. Al final, como siempre, todas estas medidas sirven para profundizar más en la penosa realidad de que son los poderosos quienes se benefician, mientras que los ciudadanos de a pie son los que salen perjudicados. Y eso, sinceramente, no es una democracia.

EL CIRCO CONTINÚA

La noticia estrella de estos últimos días ha sido que el Gobierno ha decretado el Estado de Alarma, status político de urgencia, en consecuencia de la llamada "crisis de los controladores aéreos". Es muy conveniente que todo este follón, muy sacado de madre en mi opinión, sirva para desviar la atención pública del último paquete de medidas económicas del Gobierno, con su correspondiente ataque a los derechos sociales.

Es muy curiosa la evolución del circo político. Como muy acertadamente (en mi opinión) ha dicho hace poco en los medios el ex Coordinador General de IU Julio Anguita, si hubiese sido el PP el que hubiese llevado a cabo estas medidas ahora mismo se les estaría levantando toda España llamándoles fachas y acusándoles de querer destruir el bienestar social, pero estas medidas las hace el PSOE y ya parece que realmente la ciudadanía asuma que es "por su propio bien, porque no se puede hacer otra cosa para paliar la crisis".

Con esto no quiero defender al PP, ni mucho menos, pero es cierto que dudo mucho que ellos se hubiesen atrevido nunca a aprobar algunas de las medidas que está haciendo el PSOE. Y estas medidas están siendo tapadas de una forma sorprendente por la excusa de que es "lo único que se puede hacer, porque no se puede hacer otra cosa para arreglar la crisis", y están siendo relegadas a segundo plano por una sorprendente cobertura mediática, ya sea el sobrevalorado circo del Estado de Alarma de los controladores aéreos o toda la operación esta contra el doping, que ha ocupado prácticamente la totalidad de los telediarios de los últimos dos días (y lo que queda).

El circo político continúa, los políticos están cavando poco a poco su propia fosa y lo más lamentable de todo esto es que se van a llevar consigo la propia política, que no es otra cosa que la herramienta de los ciudadanos para gestionar los recursos, pero que hoy está siendo corrompida por la profesionalización, es decir, el dominio de la política por parte de una serie de "profesionales" que están ahí representando a la ciudadanía quiera ella o no. Lo más jodido de todo es eso, que la ciudadanía no sólo se desencanta con los políticos, sino también con la propia política, y temo que termine llegando un impresentable que, a base de decir que la política es una farsa y los políticos unos corruptos, consiga el apoyo del pueblo para acabar con la democracia.

El circo debe acabar, pero debe ser la ciudadanía la que termine con él. Debemos democratizar de nuevo la política y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos de nuevas formas, más directas. Debemos impulsar a las personas como ciudadanos, como parte del sistema, y crear un Estado que realmente esté formado por el conjunto de los ciudadanos, y no por unos supuestos representantes que están ahí los queramos o no, como si no pudiésemos hacer otra cosa que tragar con lo que nos digan.

POLÍTICA CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA

El otro día me propuso mi padre que comentáramos en “No Me Ralles” una noticia que había visto en televisión y creo que es muy conveniente comenzar este artículo, ya que trata de mi opinión sobre la situación económica actual, explicando precisamente de qué trata. La noticia decía que el Banco Central Europeo emplea el dinero público en dar préstamos a los bancos privados con un 1% de interés, y lo que están haciendo esos bancos privados con el dinero público prestado es, precisamente, comprar deuda pública a los estados europeos a un interés alto, provocando un aumento del déficit público. Esa es la primera parte del gran espectáculo de la economía actual, en el siguiente capítulo entran en juego los grandes economistas liberales atacando la deuda pública, diciendo algo así como que es un error del mercado muy negativo y que hay que luchar por reducirla a toda costa, y por supuesto también abogando por la privatización de servicios públicos. Detrás de todo esto lo que se esconde está muy claro: dinamitar el sector público, es decir, derribar las prestaciones sociales del Estado de Bienestar y facilitar que en un futuro prestaciones sociales como, por ejemplo, las pensiones o las becas, sean concedidas y controladas por bancos, empresas privadas y aseguradoras, que lo harán de forma que obtengan beneficios, evidentemente, ya que el fin del sector privado no es conceder servicios sociales (que producen pérdidas y déficit) sino el obtener beneficios económicos.

En el discurso económico neoliberal se está demonizando el déficit público, y cada vez se está dejando de lado con más evidencia que el déficit público es positivo. La deuda pública lo que indica es que el Estado está haciendo su trabajo, que es el de prestar servicios sociales públicos y gratuitos que, evidentemente, producen deuda pública. El aumento desproporcionado de este déficit se debe a que el Estado ha ido privatizando con el paso de los últimos años aquellos servicios que, en vez de provocar deuda, lo que producen es beneficio económico. De esta forma, el sector privado gestiona aquellos servicios que producen beneficios y el Estado asume aquellos servicios que producen déficit, pero que son necesarios por su importancia social. Si atacamos el déficit estamos dinamitando estos servicios, que es precisamente lo que está pasando ahora.

Una cosa debe quedar clara, la economía no debe buscar únicamente la eficiencia, como se nos está inculcando a hierro, sino que debe perseguir otro principio fundamental de la economía, que es la equidad, es decir, la justicia social. Avanzar en reformas liberales significa poner la eficiencia por encima de la equidad, y dinamitar cada vez más esta última. El problema de la crisis no es la ausencia de dinero, el problema que existe en la economía es precisamente un problema de equidad. Por ejemplo, en España hay hoy más dinero que en los últimos años, hay mucho dinero, sin embargo cada vez hay más pobres y cada vez las clases populares se tienen que ajustar más el bolsillo, ¿por qué?, porque tenemos un problema de distribución de la riqueza. Es decir, todas las medidas económicas liberales, de privatización y de freno a la equidad lo que están consiguiendo es que la riqueza se acumule progresivamente en pocas manos, de forma que, aunque suene a topicazo, los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Hay que aplicar medidas de redistribución de la riqueza, aunque eso por supuesto supondría una nueva intervención del Estado en la economía.

La economía ha demostrado de sobra en la historia que es incapaz por sí sola de gestionar equitativamente los recursos, y podemos aprender de crisis económicas anteriores que el mercado es incapaz por sí mismo de regular los desequilibrios entre oferta y demanda. Cuando son los mercados y las grandes empresas las que tienen total libertad para regular la economía y llevar a cabo las medidas económicas que consideren convenientes, van a llevar a cabo una búsqueda total de los beneficios y la eficiencia que va a mutilar completamente la justicia social, los derechos sociales y va a destruir el Estado de Bienestar (lo que queda de él). La alternativa es que los recursos, en vez de ser gestionados por los grandes mercados, bancos e instituciones económicas como el FMI, sean gestionados de nuevo por la política, entendida la política como la herramienta de los ciudadanos para gestionar los recursos de la sociedad. Hay que incentivar una nueva democratización de la política, hay que fomentar la implicación de la ciudadanía y hay que proponer nuevas medidas democráticas de gestión de los recursos. La gran diferencia entre política y economía es que la política es una herramienta ciudadana, la economía no. Me explico, si las políticas económicas las llevan a cabo representantes del pueblo, el pueblo debería poder cambiar de representantes, pero si las medidas económicas las imponen unas entidades que no han sido elegidas ni votadas de forma democrática, ¿en qué lugar queda la democracia?

Este tema es muy, muy amplio, ya que es el gran debate social de la era contemporánea, la gran disputa entre la política y la economía por la gestión de los recursos.